A menudo hemos escrito sobre juicios políticos sesgados que parecen ser cada vez más comunes como mecanismo de represión en países no democráticos, que intentan mantener una apariencia de respetabilidad internacional. En los últimos meses hemos visto a periodistas y a activistas políticos cínica e injustamente enviados a la cárcel en Azerbaiyán, Egipto, Rusia y otros países. Pero por su descaro, nada iguala lo que le ocurrió este jueves al líder opositor Leopoldo López quien fue condenado a casi 14 años de prisión.
López, de 44 años, es, como mucho del movimiento opositor, un motivo de esperanza para el futuro de Venezuela a pesar del desastroso colapso político y económico del país bajo el régimen fundado por Hugo Chávez. Un izquierdista moderado educado en Estados Unidos, el Sr. López favorece un cambio democrático pacífico; en sus llamados a protestas contra el gobierno el año pasado, llamó a sus seguidores a actuar sin violencia. No en vano, su popularidad en encuestas supera a la del actual presidente Nicolás Maduro, por más de 20 puntos.
El régimen respondió a los discursos del señor López arrestándolo en febrero de 2014, acusándolo de se el responsable de los enfrentamientos que se produjeron después de una manifestación a pesar de que no estaba presente cuando se produjeron. Para desestimar sus claros llamados a la no violencia, el gobierno afirmó que los tweets del Sr. López contenían “mensajes subliminales” que inspiraron los actos violentos. Si, en verdad.
Luego vino el juicio, que fue cerrado a los periodistas y observadores independientes. En 70 audiencias que se extiendieron por más de 600 horas, el gobierno presentó 108 testigos acusadores – ninguno de los cuales, de acuerdo con un comunicado de Human Rights Watch, presentó evidencia alguna que respaldara sus acusaciones. Luego el señor López sólo tuvo tres horas para su defensa. La juez rechazó 58 de los 60 testigos de la defensa, y los otros dos se negaron a testificar. Entonces ella (la juez) sentenció la pena máxima solicitada por la fiscalía.
Llamar a este caso “una completa parodia de la justicia“, como lo hizo Human Rights Watch, le da más crédito del que se merece. Fue nada más que un crudo espectáculo de propaganda y un dispositivo para encerrar a un oponente que el régimen teme inmensamente.
