En el juego político se supone que debe haber equilibrio. Y
quien ostenta el poder, diría alguien, quien tiene el sartén por el mango, es
sobre quien recae la mayor responsabilidad y mesura; no debería amenazarnos con
el sartén, siendo que esta tan caliente.
Da vergüenza ajena, y otros sentires (no sentimientos) ver
la grosería con la cual el presente gobierno asume cada uno de los procesos, en
este caso el electoral.
En la mañana de hoy pude presenciar, como en otras veces,
el uso desmedido que se le da a nuestros recursos. Vehículos oficiales
pertenecientes a la alcaldía del Municipio Mara, e incluso a PDVSA, en violación
flagrante al ordenamiento constitucional, las leyes Contra la
Corrupción, Procesos Electorales y de la Contraloría General de la
República, las cuales prohíben el adelanto de la campaña electoral y el
uso de los bienes y recursos del Estado, haciendo exactamente, de forma pública
y notoria, lo que la norma prohíbe.
Artículo 13 de la Ley Contra la Corrupción: “Los
funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de
parcialidad política o económica alguna. En consecuencia, no podrán destinar el
uso de los bienes públicos o los recursos que integran el patrimonio público
para favorecer a partidos o proyectos políticos, o a intereses económicos
particulares”.
Y el respaldo a dichas acciones lo obtiene, a juicio de las
autoridades oficialistas, de la base del pueblo, en el caso de hoy, motorizados
movilizados por la “lucha popular”. Congregaciones, como en el caso de la
visualizada en el día de hoy, que se hacen auspiciadas por instituciones
oficiales, como PDVSA, y donde el licor motoriza el desorden, la violencia y
las amenazas, para amedrentar a quien ose opinar o manifestar ideas distintas.
M.sc Juan Tovar
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