Hace un tiempo atrás un allegado a mi hijo le contaba de forma amenizada cuánto dinero hacia en su lugar de estudio, exigiendo “vacuna” a sus compañeros. Una forma heredada de otros lugares y otras culturas, donde se le asigna un precio a quien pretende desarrollar sus actividades en paz, lo que viene a ser la prueba más fehaciente de un sistema, que como lo define el gran Muñoz Conde, esta precarizado por la violencia, pues ella de una u otra manera es practicada por todos: por los que delinquen, y aun por los que definen y sancionan la delincuencia.
Pero
no solo es practicada la violencia por el allegado de mi hijo, sino también por
quienes tienen la cabal misión de a nombre del estado, de ejercer, por ejemplo,
la potestad punitiva que ostenta el estado, pues a nombre de ese ius puniendi, se
supone deberían protegerse los principales bienes jurídico-penales, que
permiten y elevan una convivencia social aceptable. A los efectos de dicha protección,
y en ejercicio de ese poder penal estatal, al estado le es dado constreñir a
quienes osen incurrir en el cometimiento de hechos establecidos como delitos, que
son los que materializan la vulneración de los ya mencionados bienes jurídico-penales.
De
tal manera que nos corresponde a los habitantes de a pie, ejercer una
vigilancia introspectiva que nos repuje hacia el ciudadano ideal, aquel que
este alejado de la miseria e infortunio de la violencia, aun en sus pautas
inalcanzadas por el poder punitivo del sistema, tal como el trato hacia quienes
nos rodean, las formas de encarar las situaciones del día a día y la manera aun
de afrontar nuestras propias e intrínsecas dificultades internas, ajenas al
mundo de allá afuera.
Por Juan Daniel Tovar.

El estado tiene la misión de responder al ciudadano sobre sus necesidades. Jurídicamente debe brindar una amplia cobertura, acorde con las situaciones que la realidad esboza.
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