7 de mayo de 2015

¿Politización de la Justicia?




La Impunidad en Venezuela: ¿Politización de la Justicia?


El límite al poder punitivo del Estado, no es más que la aplicación efectiva de los Derechos Humanos. En tal sentido, es dable observar que el Derecho Penal, debe estar al servicio de los Derechos de la Persona Humana.

Así, en nuestro país, la violación de los Derechos Humanos, se ha convertido  casi en algo tradicional. Esta violación, tiene una de sus principales aristas en la falta de aplicación del debido proceso como principio fundamental del derecho penal. 

Parte de la garantía de existencia y respeto de los Derechos Humanos, pasa por contar con un verdadero sistema democrático, con órganos independientes y verdadera y absoluta separación de los Poderes Públicos.

Es por ello que, cuando los órganos encargados de la persecución penal no gozan de verdadera autonomía e independencia, o se convierten en entes politizados, la consecuencia necesaria es la impunidad, ya que los mismos dejan de dedicarse al castigo del delito para dedicarse a la persecución de la disidencia política. La impunidad es pues una de las expresiones más perversas del Poder, e implica el dejar sin castigo un crimen o delito, cosa que es responsabilidad exclusiva del Estado. Es por ello que la lucha contra la misma es garantía de justicia y paz.

Vale citar aquí las palabras de nuestro Máximo Tribunal, cuya Sala de Casación Penal, en Sentencia Nro. 076, de fecha 22 de febrero de 2002, dijo:

“La impunidad es injusticia, pues no da al criminal el castigo que le corresponde. La impunidad es de los injustos más graves que puede haber, no sólo por el hecho en sí de quedar sin el merecido castigo aquel que lesionó el derecho de una persona y de la colectividad, sino por evidenciar falta de voluntad para ejecutar la ley de quienes han sido honrados con la trascendental misión de hacer justicia y preservar los derechos más esenciales de los coasociados. / (…) / La necesaria consecuencia ética y  moral de la impunidad es la negación de la Justicia o la imposición de la injusticia. La consecuencia jurídica de la impunidad es depravar todas las estructuras jurídicas. Y la consecuencia criminológica de la impunidad es el incremento de la violencia y los delitos…”.

En Venezuela hay impunidad. Una de sus principales causas se encuentra en la existencia de un Ministerio Público politizado, dedicado a la persecución de la disidencia, todo ello ordenado desde las más altas esferas del Poder.

Son cada vez más los casos de dirigentes políticos, periodistas, empresarios, estudiantes, dirigentes sindicales, miembros de la sociedad civil organizada que están siendo perseguidos por razones políticas.

Pero mientras nuestros fiscales están dedicados a la persecución a la disidencia política, la realidad que aqueja a los ciudadanos comunes es realmente alarmante. En Venezuela ocurren cerca 14 mil homicidios al año, 400 de ellos cometidos dentro de los centros penitenciarios. Todo ello nos ha llevado a realizar un concienzudo análisis del informe anual presentado por la Fiscal General de la República correspondiente al año 2008, presentado ante la Asamblea Nacional en fecha 17 de marzo de 2009.

Lo encontrado en el informe es realmente alarmante. El primer hallazgo llamativo es la propia declaración del Ministerio Público como un ente de carácter político, al señalar textualmente en su introducción lo siguiente:

“…A fin de darle sentido a estos cambios, la planificación estratégica fue una de las primeras acciones que se emprendió para precisar nuestras metas, atendiendo siempre a los lineamientos generales contenidos en el “Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 – 2013”, referidos a las líneas de acción con enfoque estratégico que son prioritarias y que deben transversalizar las políticas y objetivos de las instituciones del Poder Público Nacional con las características que las definan.”

A mayor abundamiento, es menester señalar que el mencionado “Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 – 2013”,  es un PLAN DE CARÁCTER POLÍTICO, diseñado por el Presidente de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, que además de ser inconstitucional, contiene el diseño de una re - institucionalización del país completamente al margen de la Carta Fundamental, así como todos los mecanismos a seguir por el jefe de Gobierno para instaurar el Estado Socialista en Venezuela.

Por lo demás, en cuanto a las cifras reportadas por la ciudadana Fiscal General de la República, encontramos lo siguiente:

Durante el año 2008 se presentaron 1640 denuncias por corrupción ante el Ministerio Público, de los cuales se presentó acusación en 356 casos, quedando impunes 1284 casos. Es decir, que el porcentaje de impunidad en esta materia es de 78,29%.

En cuanto a la violación de Derechos Humanos o fundamentales, de 3688 casos tramitados, en sólo 463 de ellos fueron presentadas acusaciones, lo que indica que el 87,45% de impunidad.

La impunidad resulta elevada también en la comisión de delitos contra el medio ambiente, presentando los siguientes datos: 2.698 casos tramitados, de los cuales sólo se acusaron 847, lo que se traduce en 68,81% de impunidad.

Uno de los hallazgos más alarmantes de esta investigación resultan los casos de violencia contra la mujer y la familia, debido a que esta situación en particular afecta a los sectores populares de la población venezolana, señalando que de 58.421 casos han sido tramitados, sólo se han presentado acusación en 2.165 casos, es decir, que en consecuencia el porcentaje de impunidad es de 96,29%.

En cuanto a delitos de Drogas se han tramitado 15.368 casos, de los cuales en sólo 2.797 se han presentado condenatorias, en estos delitos hay un 81,80% de impunidad.

El mayor índice de impunidad se encuentra presente en los casos de delitos comunes, esos que sufrimos los venezolanos a diario, han sido tramitados 302.969 casos, de los cuales han sido presentadas acusaciones 8.922 lo que refleja un 97,06% de impunidad.

Pero paradójicamente, en ese menos de 3% de delitos en los que el Ministerio Público presenta acusación, no se encuentra el delincuente común. Al contrario, ese porcentaje está casi exclusivamente contenido con persecución y prisión políticas, creemos necesario señalar algunos de los nombres de ellos, por cuanto, lo peor que puede ocurrirle a un ciudadano víctima de persecución o prisión por razones de conciencia es el olvido.

  1. Cap. Otto Gebauer
  2. Gral. Felipe Rodríguez
  3. Almirante Carlos Millán Millán
  4. Carlos Millán Alvarado
  5. Tte. Cnel. José H. Quintero
  6. Gral. Francisco Usón
  7. Gral. Ovidio Poggioli
  8. Cap. Rafael Farias
  9. Cap. Jesús Farias
  10. Gral. Raúl Isaías Baduel
  11. Gral. Delfin Gómez
  12. Of. José Sánchez “Mazuco”
  13. Empresario Eligio Cedeño
  14. Abg. Luis Rodríguez
  15. Abg. Dinora Mora
  16. Ing. Raúl Díaz
  17. Gral. Wilfrido Barroso
  18. Lic. José Ramírez
  19. Ing. María Corina Machado
  20. Ing. Alejandro Plaz
  21. Ing. Ricardo Estévez
  22. Ing. Luis E. Palacios
  23. Pol. Nixon Moreno
  24. Br. Arturo Senior
  25. Br. Miguel Aponte
  26. Br. Héctor Castro
  27. Br. Elías Capogian
  28. Br. Alejandro Mejías
  29. Br. Alejandro Aguirre
  30. Br. Federico Black
  31. Br. Carlos Velar
  32. Br. Alejandro Pulido
  33. Dr. Rafael del Rosario
  34. Lic. Yon Goicoechea
  35. José Dacre “Maraco”
  36.  Com. Iván Simonovis
  37.  Com. Lázaro Forero
  38. Com. Henry Vivas
  39. Of. Erasmo Bolívar
  40. Of. Luis Molina
  41. Of. Ramón Zapata
  42. Of. Araube Pérez
  43. Of. Marcos Hurtado
  44. Of. Héctor Rovain
  45. Of. Julio Rodríguez
  46. Abg. Mónica Fernández
  47. Abg. Otoniel Guevara
  48. Abg. Rolando Guevara
  49. Abg. Juan Guevara
  50. Ing. Andrés Trujillo
Periodistas:
  1. Patricia Poleo
  2. Orlando Urdaneta
  3. Marianella Salazar
  4. Martha Colomina
  5. Ibeyise Pacheco
  6. Beatriz Adrián
  7. Gustavo Azócar
  8. Diana Carolina Ruiz
  9. Gladys Rodríguez
  10. Gabriela Matute
  11. Marta Palma Troconis
  12. Rafael Poleo
  13. Roger Santodomingo
  14. Nelson Bocaranda y
  15. Miguel A. Rodríguez (entre otros)
  16. Mas de 250 estudiantes con medidas cautelares
  17. Dirigentes Sindicales:
  18. Carlos Ortega
  19. José Solórzano Bravo
  20. Ronald Marcano
  21. Asdrúbal Solórzano Charai
  22. Pedro Pérez y
  23. Fedorwkis Carreño (entre otros)
  24. Gral. Italo Del Valle Alliegro
  25. Com. Henry López S.
  26. Br. Ronald Martínez
  27. Br. Javier Scriven
  28. Br. Rubén Ferrer
  29. Br. Carlos Paparoni
  30. Br. Diego Cabrita
  31. Dirigentes Políticos:
  32. Manuel Rosales
  33. Omar Barboza
  34. Pablo Pérez
  35. Enrique Mendoza
  36. Henrique Capriles Radonski
  37. Leopoldo López
  38. Francisco Ferrer
  39. Miguel Vásquez
  40. Wilfredo Febres y
  41. José Luis Farias (entre otros)
Directivos de Medios de Comunicación Social:
  1. Guillermo Zuloaga
  2. Alberto Federico Ravell
  3. Nelson Mezerhane y
  4. Marcel Granier (entre otros)
  5. Juan Fernández
  6. Horacio Media y
  7. Centenares de ex-trabajadores petroleros
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL:
RCTV, GLOBOVISION, LA VERDAD, entre muchísimos otros


Como puede fácilmente colegirse, en Venezuela hay impunidad, porque hay persecución política.

1 comentarios :

  1. Esta usted planteando una gran realidad Dr. La impunidad esta a la orden del día. Hay una violencia institucionalizada. El aparato punitivo del estado es ciego; con el se invisibiliza la realidad procesal, todo con la finalidad de reflejar estadisticas.

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