JESÚS
OLLARVES1 DE OCTUBRE 2015 - 12:01 AM
En los
tres últimos lustros se han profundizado los déficits institucionales en
materia de justicia y seguridad ciudadana, con el resultado más pernicioso de
todos: la impunidad. La familia, la comunidad y la escuela son espacios que
también han sido ganados por la violencia y la lenidad. En general, la paz y la
solidaridad se suman a los bienes de primera necesidad que escasean en
Venezuela.
La
crisis de inseguridad ha llegado a extremos verdaderamente alarmantes, como los
linchamientos, los descuartizamientos y, más recientemente, las demostraciones
de poder bélico que hacen los grupos de delincuencia organizada que atemorizan
a los cuerpos de seguridad del Estado. Nos referimos específicamente a los
cinco ataques con explosivos a puestos policiales registrados este fin de
semana.
El
Estado debe enfrentar estas amenazas a la seguridad ciudadana mediante una
política pública integral, sostenible y coherente. Además es imprescindible una
plural y suficiente participación ciudadana que la legitime y no dé cabida a
abusos en el ejercicio de la autoridad y a la violación de derechos
humanos.
Sin
embargo, lo que hemos visto en los últimos meses es todo lo contrario: la
profundización de una violencia institucional, es decir la que se ejerce y
fomenta el propio Estado.
Esa
marcha a contracorriente de lo que indican los estándares internacionales sobre
seguridad ciudadana que, por ejemplo, proscriben la intervención de los
militares en funciones de seguridad, se puede verificar en dos iniciativas
gubernamentales recientes: las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo y
los decretos de estado de excepción. En ambos casos, el gobierno actúa en forma
reactiva y abundan las suspicacias sobre propósitos electorales inconfesables.
Pensemos en la supuesta popularidad de las políticas de mano dura y el altavoz
que le ponen los medios de comunicación oficialistas a los resultados oficiales
de las razzias policiales y militares, sin tomar en cuenta que constituyen la
reedición de prácticas de revictimización de los sectores más pobres de la
población. Específicamente, el gobierno utiliza las técnicas del marketing
electoral para divulgar el número de supuestos delincuentes muertos (“106
choros muertos”, tituló Últimas Noticias en su primera página) y la
presunta reducción del contrabando en la frontera. Pero ni remotamente se
refiere a las detenciones arbitrarias en el contexto de las OLP ni a la crisis
humanitaria causada por la deportación masiva de colombianos, según lo
certificó in situ la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
que, por cierto, no pudo complementar su trabajo en el lado venezolano de la
frontera, porque el gobierno venezolano no permitió su paso. Y en el plano
estructural, el chavismo también omite causas fundamentales: que es responsable
de armar a las bandas criminales que ahora dice combatir, a través de
estrategias que han tenido resultados contraproducentes, y que también ha
fomentado el desgobierno en la frontera, a modo de zona de distensión, a favor
del narcotráfico y de grupos irregulares a los que poco les importan las
nacionalidades.
La
pregunta está en el aire: ¿qué pretende el gobierno con la promoción de una
política de mano dura contra la criminalidad y el contrabando? Todas las
encuestas indican que el deterioro socioeconómico sin precedentes en el país ha
causado una merma en la popularidad del chavismo gobernante. El chavismo está
en su peor momento electoral y no por el imperialismo o la inteligencia de la
oposición. La coyuntura se parece a una implosión por la sumatoria de torpezas y
abusos en el ejercicio del poder público.
Por
más que el gobierno intente desviar la atención de la opinión pública, los
venezolanos padecen cada vez más directa y cotidianamente la escasez de
alimentos y medicinas, la hiperinflación y la violencia criminal, con los
respectivos impactos negativos en la plena vigencia de los derechos humanos en
el país.
El
presidente Nicolás Maduro acaba de decir en Naciones Unidas, como si fuera una
prueba irrefutable de democracia en Venezuela, que nos acercamos al vigésimo
proceso electoral desde que el chavismo ascendió al poder. No faltará quien
recuerde que en los escenarios internacionales ya se asume como un principio
universal lo que está consagrado en la Carta Democrática Interamericana: las
democracias son algo más que la celebración ritual de elecciones periódicas que
otorgan legitimidad de origen a un gobierno. Más bien se trata de respeto
absoluto a los derechos humanos, que confiere legitimidad de desempeño.
Otra
pregunta esencial que está en el aire no se la hacen los que asisten a la
Asamblea General de la ONU en Nueva York, sino los electores que acudirán a las
urnas el próximo 6 de diciembre y estarían dispuestos a hacer la más definitiva
de las colas en procura de una mejor calidad de vida: ¿Con este gobierno
estamos mejor o peor? ¿Qué cree usted respetado lector?
Tomado de: http://www.el-nacional.com/jesus_ollarves_irazabal/gobierno-mejor-peor_0_711528961.html#.Vg0ywaLkGE0.facebook
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M.sc Juan Tovar
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