Politización de la justicia, parte II

La función del estado como ente regulador de las demandas colectivas es un juego de equilibrio en donde deben mantenerse poderes e intereses colectivos e individuales, donde la transparencia y la ética, deberían ser los entes reguladores del uso de la fuerza y el poder. Estos dos últimos elementos, son factores intangibles, cuyo inadecuado ejercicio se convierte en una acción meramente tangible y sensible por las masas.

Los Derechos Humanos aparecen en este escenario como la evidencia que es necesaria un sistema de coerción que obligue al respeto de la integridad del otro. Dentro de un sistema jurídico, los derechos humanos, se refieren a todos aquellos derechos del hombre, de segunda y tercera generación que permiten el desenvolvimiento de los individuos de forma tal que no opaque u oprima la igual capacidad de desarrollo de los otros.

Ahora bien, el alcance del poder como tal, en múltiples ocasiones a lo largo de la historia  ha devenido en el abuso del poder. En la Roma Papal, durante el periodo medieval, la figura del Papa poseía tanto poder político, y poder religioso, aunado a la llamada infalibilidad papal, lo cual influyo en abusos de poder, relacionados a intereses económicos y políticos. De La Torre (2015).  De este punto, surge la necesaria separación de poderes para la garantía de derechos humanos, individuales y colectivos.

El punto anterior es la esencia del presente aporte, de cómo la vinculación de poderes, políticos, electorales, económicos, jurídicos y sociales en Venezuela, ha determinado e influido en la politización de los derechos humanos en Venezuela, y su aplicabilidad.

Eventos como los ocurridos el 11 de abril de 2002, en el mes de febrero de 2014, y que de forma menor continúan ocurriendo, en los que de una una y otra partes se han tomado decisiones que contravienen la garantía de la estabilidad social del país ejemplifican esta situación, en la cual se ha incurrido en una exclusión social de carácter político, tal como lo señalan Maingon et, al (2006).

Venezuela viene siendo protagonista de múltiples fenómenos singulares. Estos han devenido en problemas, que han tenido una respuesta común: planes de ajuste estructural que incluyeron estrategias focalizadas –típicamente neoliberales– de intervención social. Los unos liquidaron los fundamentos rentistas del Estado mientras que, los otros, pusieron en serio peligro los viejos mecanismos clientelistas de control social. A partir de ahí se configuraron los cimientos de un creciente malestar interclasista. También los de una espiral de endeudamiento financiero que no ha hecho sino  acelerar el derrumbe del sistema, hoy por hoy, más que nunca.

En ese contexto están confluyendo dos fenómenos preocupantes. Por una parte, la creciente frustración de los sectores populares y –sobre todo– de las clases medias ante su pérdida de peso político y poder adquisitivo. Por otra, la insuficiencia de servicios públicos e infraestructuras capaces de mitigar el deterioro social. El exponencial incremento poblacional así como el rápido proceso de urbanización han convertido en más perentorias las necesidades sociales que antaño. Dichas carencias se han agravado, tal como lo muestran los términos de una segregación social marcada, a partir de la cual ha comenzado a generarse una frustración cada vez más politizada, en los venezolanos de la Venezuela del año 2015.

Vale la pena recordar, pues es la base de nuestra realidad actual, el surgimiento, por ejemplo, de la opción política del movimiento de V República. Este jugó un papel importante la vinculación política como medida para acceso a beneficios. Así como se evidencio más adelante en la lista Tascon, documento a través del cual se continúa limitando el acceso a documentos, divisas, y beneficios sociales a individuos, quienes hubieran votado o firmado en los procesos electorales llevados en contra del gobierno.

Dicha politización del acceso al Poder, y a beneficios se ha venido haciendo más profunda a lo largo de los años, e inicio la politización del sistema jurídico, tal como señala el autor Tamayo (2012).

Lógicamente la reestructuración definitiva del Poder Judicial necesariamente implica acabar con ese sistema de designaciones digitales, de quitar y poner a dedo los jueces, de haber eliminado los concursos, porque hoy por hoy la gran mayoría de los jueces son provisorios y puestos o quitados a capricho de las autoridades del Poder Judicial, puestos y quitados porque agrada o no una decisión de un juez en ejercicio de su autonomía.

Para nadie es un secreto que no hay autonomía en el Poder Judicial y eso queda evidenciado por la falta de estabilidad de los jueces en su cargo. Aquí hay jueces que sufren los rigores de la falta de un debido proceso, porque no se respeta en lo absoluto si son de carrera o no, simplemente se suspenden y ya. Muchas de las suspensiones que están ahorita vigentes son producto de decisiones caprichosas.

Hay jueces que tienen cinco años suspendidos sin goce de sueldo y no tienen posibilidad de defenderse, no tienen posibilidad de trabajar en otras cosas. Esa una situación bien dramática. Entonces obviamente hay que despolitizar al Poder Judicial. Volver a los sistemas de concurso, darle a los jueces la estabilidad que no tienen, garantizarle su debido proceso al momento de un procedimiento disciplinario, no ser sancionados por las decisiones que adopten”.

Se denota entonces, que el contexto donde se ejercen los Derechos Humanos en Venezuela, y los poderes encargados de darles correcto cumplimiento, se encuentran amañados a la vinculación política del gobierno en curso.

Con estos artículos induzco, o eso pretendo, a ubicar  de manera teórica y jurídica, el contexto en el cual se encuentran ubicados los derechos humanos en Venezuela. De manera práctica, ejemplifica como  la vinculación política desvirtúa, la imparcialidad de la justicia, y como frena el engranaje jurídico al ralentizar  el debido proceso, así como afecta los sistemas económicos al aumentar los costos de mantenimiento del sistema jurídico-penitenciario.

Además es una clara invitación, a mis colegas, estudiosos y defensores de los DDHH, al hacer una aproximación a la realidad de la politización de los derechos humanos y exclusión social, que desde hace unos cuantos años, vivimos en Venezuela, y así contextualizar el “contrasistema” jurídico que se aplica en Venezuela, en la gran mayoría de los casos, sean judiciales, administrativos, laborales, investigativos, policiales, incluso en lo que se refiere a la esfera personal de los que disentimos.

Dicha contextualización, debe estar enfocada hacia 5 aspectos, que creo importante, y así lo he manifestado a muchos colegas:

1.    Analizar y documentar la violación de los derechos humanos relacionada a factores políticos en el marco jurídico venezolano.

2.    Determinar factores de exclusión social en casos de violación de los derechos humanos relacionada a factores políticos en el marco jurídico venezolano, para crear alertas tempranas, sobre todo a nivel internacional.

3.    Describir elementos de politización y exclusión social dentro del sistema jurídico venezolano. Hacerlo con extrema claridad, a los fines de que los observadores de “nuestro fenómeno”, lo entiendan en su sentido correcto.

4.    Establecer los elementos que ejemplifican la politización del sistema jurídico venezolano y el sistema penitenciario.

M.sc Juan Tovar