Ha cumplido el estado venezolano?

La infraestructura conforma la red de instalaciones y obras de uso público que hacen posible la armonía, el desarrollo propio y colectivo del ser humano, asi como la actividad económica de una sociedad. Es la existencia de esta infraestructura básica, su extensión, eficacia, sustentabilidad y acceso, la que permite la prestación de los servicios públicos que en buena medida concretan el bienestar individual y colectivo, el grado de conexión de la sociedad y el nivel de productividad de su economía.

En este sentido, el estado debe responder a la necesidad de abastecimiento de infraestructura, atendiendo cuatro categorías: 

a. Crear unas prestatarias de servicios públicos que garanticen un acceso permanente, por ejemplo a: electricidad, agua potable y saneamiento, gas y telecomunicaciones. 

b. Establecer obras que hagan posible el tránsito y transporte de personas y mercancías, tales como vialidad, transporte urbano masivo, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. 

c. Instaurar edificaciones públicas donde se presten los servicios asociados a educación, salud, deporte y recreación, justicia y todos aquellos requeridos para garantizar la vida social y ciudadana, y los que definen y garantizan el ordenamiento social. 

d. Así como también obras asociadas a la conservación y administración del ambiente y los recursos naturales renovables: presas y sistemas de riego, manejo y disposición de desechos sólidos, prevención y control de desastres naturales, por nombrar algunos.

A partir de acá surge un elemento que viene a complementar la función instauradora de infraestructura por parte del estado, y es precisamente como responde el ciudadano a dicha inversión social. Es común ver en países de Latinoamérica a ciudadanos rompiendo bienes públicos, y eludiendo su responsabilidad. Un ejemplo común lo constituyen los postes de alumbrado, semáforos, avisos viales, los cuales están continuamente sufriendo destrozos. Por tal motivo los entes municipales deben disponer de medios legales efectivos, para que quienes resulten culpables, sufraguen el daño ocasionado.

Las pérdidas que tienen los países, y sus entidades, al reparar los daños de bienes públicos, es millonaria y generalmente, queda en la impunidad. Entonces las acciones deben dirigirse a perseguir a los que provoquen daños en los bienes que les pertenecen a todos los ciudadanos, y en los que se invierten sumas de dineros importantes. Resta solo darle una mirada a las calles de nuestra américa latina, para darnos cuenta cómo cercos y cierres perimetrales de juntas de vecinos, de recintos deportivos o plazas, están destruidos. Cuántas luminarias rotas al igual que vidrios de edificios públicos, principalmente de escuelas.

Esa falta de aprecio y ese instinto destructivo de muchos ciudadanos es el que debe ser acosado y castigado. Además es importante que la comunidad denuncie y que las unidades vecinales, estrechen legalmente a los que deterioran los bienes públicos. Sólo de esta manera podremos mantener una infraestructura sostenible en el tiempo, funcional, y donde los que destruyan paguen con dinero o cárcel. 

M.sc Juan Tovar