Politicas publicas o populistas?

Venezuela es uno de los grandes productores de petróleo y sus derivados, fue en algún momento, un sobresaliente exportador de café, de aluminio, acero y hierro. Gran productor de cemento, carnes, leche, azúcar, cereales, maíz, trigo, y otros alimentos de la cesta básica. En la actualidad, el país que se perfilaba como uno de los más ricos de Suramérica, resiste una penuria que ronda el 90% de los productos básicos, supera el 110% de inflación tras una aguda crisis económica, y a duras penas mantiene el salario mínimo más bajo del mundo (en términos reales) y recientemente se reporta el aumentó del índice de pobreza en un 30%.

Cuando examinamos, por ejemplo, los precios de venta de la gasolina, nos encontramos que, gracias a una “excelentísima”  mala disertación de las políticas públicas, relativas a la administración de los recursos provenientes del petróleo, un litro de agua cuesta aproximadamente entre 18,00 VEF a 20,00 VEF, mientras que un litro de gasolina tiene el importe de 0,07 VEF. En la praxis productiva, esta situación hace que la estatal petrolera, y consecuentemente Venezuela, desaproveche más de 12,5 millardos de dólares al año.

Cuando seguimos esculcando en las políticas públicas del gobierno venezolano, de las que todo ciudadano espera un enrumbe productivo, entonces nos encontramos con que se está subsidiando buena parte de las economías de países como Cuba, República Dominicana y Nicaragua con despachos de petróleo. De ellos, solo Nicaragua recibe 27.500 barriles por día, desde su afiliación en 2007, a la alianza de países de PETROCARIBE.

Otro elemento que enlaza la casi nula productividad actual, con las políticas públicas, viene a ser dichas políticas, en materia cambiaria. Lo demuestra el hecho de que Venezuela posee tres tipos de cambio oficial: Un dólar preferencial a 6,3 VEF, otro a 12 VEF y un tercero ubicado en aproximadamente 198 VEF, dependiendo de la tasa que use y para qué fin. Sin embargo, la realidad económica no se equipara con el precio real del valor de los costes de producción, por lo que la mayoría de las transacciones comerciales se manejan con un dólar paralelo que ya sobrepasa los 500,00 VEF.

Sin desparpajo, y usándola al mejor estilo de la más prodigiosa de las políticas públicas que inciten la producción, las autoridades gubernamentales de Venezuela, hoy invocan ante la grave crisis que vive Venezuela, una “Guerra económica y un golpe de Estado económico”; imputando la inflación, los altos precios y el “acaparamiento de productos” a una conspiración de las empresas privadas con los sectores llamados poderosos, capitalistas u “oligárquicos” , ligados con el grupo de “la derecha” o los partidos antagónicos al gobierno, y afines al gobierno de los Estados Unidos; todo con el supuesto fin de desmantelar el aparato productivo y el parque industrial del país, y con ello la economía venezolana.

Continua la retahíla de “políticas públicas”, de acuerdo a los anuncios oficiales, con instrucciones impartidas desde el bastión presidencial, al tren Ejecutivo y al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), para continuar líneas de trabajo de “ofensiva social”, así como supuestas investigaciones para precisar quiénes son estos grupos, a quienes ellos acusan de querer emboscar el desarrollo de la economía.

Para ilustrar lo anterior, tomaremos como epicentro de estudio, en materia de políticas públicas, el sector agroalimentario. Este arguye una paralización despótica del aparato productivo del país, basado en una serie de anuncios, ofrecidos como “políticas económicas”, las cuales han manifestado ser descaminadas, precarias y desatinadas, y que poco o nada han favorecido a la industria de los alimentos. En esta área concreta, las políticas públicas han sido ostensiblemente deambuladas, pues se han asentado en expropiación de tierras, la militarización de las importaciones, el control de las divisas, confiscaciones, acoso a la producción, congelamiento de precios e importaciones excesivas de manera falaz, tan solo por aludir algunas.

Las erradas políticas públicas, rotuladas por muchos analistas como políticas más populistas que publicas, tienden a enfermar al sector productivo, con, por ejemplo el ya citado control de precios, cuya justificación es favorecer al consumidor final, pero que tampoco lo obtiene.

Un ejemplo de ello es el acceso al pollo. En el mercado  su precio es de 280 Bf el kilo, pero está regulado por el gobierno a 53. Sin embargo, mientras no se permita a los granjeros de pollo y los mataderos de pollo tener un margen de ganancia nomotético, franco y oficial, en donde se venda el pollo a 85 o a 90 el kg, no habrá pollo y el poco que hay se venderá a altos precios, lo que quiere decir que hay que ir a una política de ajustes, de aproximación de los precios al contexto socioproductivo factico.

Para que este contexto mute, es forzoso, sin duda, instaurar autoridades gubernamentales comprometidas, nacionalistas, expertas en estimular la industrialización real y la producción efectiva, y con ello el empleo nacional; disponibles siempre a dialogar con los figurantes principales de las cadenas agroalimentarias, que instauren metas u objetivos de producción y productividad, que permita la colocación de recursos financieros y de insumos y que garanticen el pleno abastecimiento a precios razonables.

M.sc Juan Tovar